lunes, 14 de marzo de 2016

¿Oposición o Control político en el Meta?



¿ Cómo explicar que unos diputados que dicen estar con el gobierno, quisieron hundir el proyecto en tercer debate?                      Presidente Asamblea del Meta


Marcela Amaya gobernadora del Meta ha expresado que su  actuar como mandataria se ha visto perjudicada porque la Asamblea del Meta (seis asambleístas, que conforman la mayoría)  no le han dado las facultades  para adelantar los procesos de contratación.  Esto lo ha afirmado en diversas intervenciones ante la comunidad, ha dicho además que la corporación era consciente de la necesidad de contratación del transporte y alimentación escolar y que el 02 de enero radicó el proyecto de ordenanza 01  de 2016 con base en la ley  para las autorizaciones, pero desafortunadamente no hubo la voluntad de la mayoritaria y prácticamente tenía las manos amarradas, sin justificación.
 Oro Oro consultó ambas partes para establecer los pormenores de esta disputa  entre los poderes ejecutivo y legislativo del departamento. Amaya García expresa que la ordenanza como fue aprobada es inconstitucional e ilegal y que su gobierno nunca fue invitado para explicar a la Duma las necesidades de orden administrativo, jurídico  y presupuestal, limitándola en tiempo y monto. Dice que el Tribunal Administrativo del Meta través de un fallo le ha dado la razón.   
Al ser consultada sobre la decisión de los diputados, pues han afirmado que es un control político, o si considera una oposición, la mandataria expresó que tal vez los diputados no entendieron la parte jurídica “yo no puedo creer que me estén haciendo un control político a pocas semanas de haber empezado mi periodo, no hecho ninguna acción para que lo tengan que hacer” y le cuesta creer que seis miembros de la corporación hablen de hacer control a su trabajo”, enfatizó: “Permítanos gobernar y una vez gobernemos, bienvenido el control político
 Por su parte el presidente de la Asamblea Mauricio Niño Guayacán expresó que en el trámite de una ordenanza se necesitan como mínimo tres semanas, por eso nunca un mandatario empieza desde la primera semana con facultades,  hay que designar ponentes para primer debate, luego se discute, y si ésta es aprobada entonces pasa a la comisión de presupuesto y en ésta instancia también se designan ponentes, quienes deben presentar un informe de ponencia y dependiendo del informe y la aprobación, entonces se lleva a segundo debate, posteriormente se lleva a un tercer debate, y quienes fueron los ponentes del primer debate vuelven a ser ponentes de esta tercera instancia, ése es el proceso para cualquier ordenanza, luego hay que entender que se requiere del tiempo necesario, recordó que hace 4 años el 25 de enero de 2015 se le otorgaron las facultades al entonces gobernador Alan Jara y no hubo escándalos, dice el presidente que el 21 de enero de este año se iban a aprobar en primer debate las facultades, pero debido a una Acción de Tutela del Juzgado Primero Especializado de Villavicencio se suspendió la ordenanza 896,  sobre la cual se basó la señora gobernadora para pedir facultades, esto originó que los ponentes solicitaran aplazar el debate para la respectiva consulta jurídica debido a que un Juez de la república había dejado sin efecto dicha Ordenanza. Esa fue la causante de la demora de 15 días más fuera de lo normal, y no fue por falta de voluntad de la Asamblea como se ha querido hacer creer, el  9  de febrero se le entregó para sanción de la mandataria.
Lo que se modificó fue el tiempo de las facultades, la Doctora Amaya pidió 1 año y los ponentes  aprobaron 6 meses, y sugirieron que hubiera una restricción solamente para contratos de obra pública y convenios interadministrativos que superaran los 6 mil 900 millones de pesos.
Al consultar al doctor Niño Guayacán si es cierto que el veedor del partido liberal va iniciarle investigación por no aprobar o estar a favor de la gobernadora que es de su partido, respondió: en este caso tengo que manifestar que por más amigo y por más que sea del mismo partido del gobernante como diputado no tiene por qué verse expuesto a hacer caso y aceptar todas las propuestas del gobierno departamental como es el caso, la labor como diputado es ante todo de control político y administrativo, el hecho que tenga un criterio jurídico de las competencias que tenemos  como asamblea  en contradicción de los asesores jurídicos de la gobernación no significa que no esté respaldando al gobierno de la doctora Amaya, y las constancias están en que tanto en los debates de comisión como en plenaria voté positivo.  ¿Cómo se explica que unos diputados que dicen estar con el gobierno, quisieron hundir el proyecto en tercer debate, votando 5 de ellos negativamente y donde yo hubiera votado negativo, en este momento la señora gobernadora estaría en una crisis administrativa?
Afirma que por las objeciones se nombró una comisión, la cual se pronunciará si se aceptan o rechazan y frente a la determinación que tome el Tribunal Contencioso Administrativo, se discutirá con los asesores si se acude al Consejo de estado, esto servirá para sentar jurisprudencia frente al régimen departamental, toda vez que se ha venido haciendo analogía con el régimen municipal       
El presidente de la Duma considera que puede existir un interés de quienes pretenden la contratación del departamento para que rápidamente se inicien estas, “tienen intereses de que hayan facultades sin límites de cuantía y que no se haga ningún tipo de observación o control por parte de esta corporación”.
Finalmente el presidente de la Asamblea dice que no existe ninguna confrontación entre esta corporación y la gobernadora, lo que hay es una diferencia de criterios jurídicos, los cuales se esperan superar para armonizar trabajo por el departamento durante estos 4 años y confianza que como diputado liberar pueda  respaldar las buenas acciones del gobierno departamental.
Alexander López Castaño

Codirector Oro Oro