jueves, 4 de mayo de 2017

POSIBLE CIERRE DEL MATADERO DE GRANADA META

Prestadores del servicio instauran petición ante la Procuraduría Regional
 


La empresa J & J comercializadora S.A.S y la Fundación para el Desarrollo Empresarial y Comercial de Casanare y la Orinoquía “FUNDECCOR” quienes por medio del contrato de comodato N 001 de 2013 han venido prestando el servicio de sacrificio bovino y porcino en la planta de Granada Meta, denunciaron irregularidades por parte de la administración municipal debido a que sin justa causa y desconociendo el plan gradual de cumplimiento y la normatividad que rige este servicio decidió sin razón aparente no prorrogar el convenio con el cual se venía trabajando. La representante legal Aida Patricia García Durán, indicó que se pone en riesgo un patrimonio de la empresa por decisiones incomprensibles puesto que se ha venido cumpliendo con el servicio sin contratiempos.

El asesor jurídico Juan Carlos García Iriarte, se mostró sorprendido ante el anuncio del secretario de Agricultura y Medio Ambiente Roberto Toro de cerrar la planta y suspender el servicio a la ciudad sin ni siquiera presentar un acta de liquidación con el agravante de poner en riesgo la prestación de un servicio público. Cabe anotar que tanto la representante como el asesor jurídico expresaron desacuerdo ante esta decisión y reclamaron la presencia del señor alcalde para dar claridad de la situación actual y futura del matadero

Oro Oro en horas de la mañana de hoy indagó al doctor Roberto Toro y confirmó que se estudia la posibilidad de un cierre temporal.

El tema ha venido siendo objeto de debate durante las últimas semanas; incluso, el Concejo Municipal mediante Acuerdo 012 del 27 de abril de 2017 dio facultades al alcalde para celebrar contrato de arrendamiento del bien inmueble “El Cimarrón”; sectores ciudadanos no comprenden la determinación de la Alcaldía de insistir en arrendar y transferir un servicio tan elemental a otra figura jurídica sin tener en cuenta la buena gestión de J&J Comercializadora.

En esta disputa como siempre el perdedor es el consumidor quien de seguro deberá pagar los sobrecostos que implica sacrificar en otra ciudad.